Un estudio de la ULE muestra que el 80% de los estudiantes y sus familias aboga por reducir la ratio en la vuelta al cole
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Esta investigación, titulada Educar y Evaluar en tiempo de coronavirus, ha sido dirigida por el profesor de la Facultad de Educación de la ULE, Enrique Javier Díez Gutiérrez y coordinada por la profesora de la Universidad de Santiago de Chile, Katherine Gajardo, y en ella se analiza cómo ven las familias y los estudiantes el final de este curso, marcado por un largo periodo de confinamiento por la pandemia en España, y el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021.
Los participantes del estudio contestaron una encuesta transversal que, entre otros aspectos, les preguntaba sobre las políticas educativas más adecuadas para finalizar y evaluar el curso escolar y empezar el siguiente en el periodo post-coronavirus. Los resultados parciales, indican niveles de acuerdo favorables con el diseño de planes de recuperación y adaptación del currículum para todo el alumnado (85% de la muestra); el inicio del curso con actividades dedicadas a abordar pedagógica y emocionalmente la situación vivida (89% de la muestra), y la mayor presencia de profesorado con menos alumnos y alumnas en aula como medida de resguardo del aprendizaje de todos y todas (91% de la muestra).
La crisis como oportunidad para cambiar la manera de educar
Frente a la intención del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas de un sistema mixto que combine la escolaridad presencial con la ‘online’, la comunidad educativa reclama más recursos para cambiar un modelo de educación industrial heredado del siglo XIX. “Esta crisis sí puede ser una oportunidad,-afirman los investigadores-, si se decide, por fin, destinar los recursos públicos al bien común y abandonar de una vez el relato neoliberal de que educar es acumular conocimientos enciclopédicos, alentar la competitividad, el esfuerzo individual y el éxito de los emprendedores”.
“Se trataría, -explican-, de una oportunidad para destinar recursos públicos más que suficientes a una docencia presencial continuada y no intermitente, con una ratio reducida, es decir, lo que siempre debería haber sido para poder desarrollar una educación personalizada, atenta al desarrollo de cada estudiante, con retroalimentación constante y donde se puede atender a la diversidad de una forma realmente inclusiva, prestando las medidas individualizadas necesarias nada más detectar las posibles dificultades de cada alumno o alumna”.
Los resultados del estudio muestran que el 76% de todas las personas encuestadas se manifestaron claramente partidarias de que sus impuestos vayan destinados a reducir el número de alumnado por aula y, por lo tanto, a duplicar los grupos de estudiantes, el profesorado y los espacios escolares (aulas, pasillos, zonas comunes…).
“Esto se opone, -apuntan los investigadores-, a esa propuesta en la que el alumnado asista a clase por turnos, de mañana y tarde, o en días o semanas alternos, y trabaje en casa la otra parte del tiempo, como plantea la Ministra y las CCAA, alguna de ellas incluso buscando ya ‘voluntarios docentes’ entre jubilados y estudiantes para el inicio del nuevo curso escolar, previendo recortar profesionales”.
Estos “malos apaños, -añaden-, solo sirven para consolidar y perpetuar el recorte de 9.000 millones de euros que los últimos gobiernos han aplicado a la educación y hacer recaer en las familias la presión de estas medidas: obligar a hacer la mitad del curso escolar en casa no solo supone dificultar la conciliación de las familias con su vida laboral, sino la tensión de convertir a las familias en tutores y orientadores escolares, sin tener formación ni recursos para ello. Y perpetuar la brecha digital que se suma a la brecha social en aquellas familias con más dificultades”.
La comunidad educativa pide a los responsables políticos que miren hacia el futuro y replanteen de una vez por todas el modelo ‘industrial’ de escolaridad hacinada, heredado de la época industrial, mantenido con la única finalidad de concentrar y ahorrar costes, en lo que siempre se debería haber concebido como una inversión
“Necesitamos políticas educativas, -explican Enrique Javier Díez y Katherine Gajardo-, que apuesten por plasmar presupuestariamente la viabilidad real de la educación inclusiva que proclaman en los discursos. Esto pasa por destinar en España al menos el 7% del PIB a la educación pública e inclusiva, como llevan haciendo tanto tiempo los países más avanzados educativamente. Invirtiendo en profesorado, en espacios acondicionados para ello, en grupos pequeños en todas las etapas educativas, incluyendo la Universidad como se prometió con el Plan Bolonia, en atención personalizada e inclusiva y, en definitiva, en futuro, como la comunidad educativa lleva reclamando durante años, para que nadie quede atrás”.
La conclusión final se puede resumir en que no se puede “seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción de este país necesita cambiar radicalmente de prioridades. Y la educación es el futuro de un país. No solo el presente, sino sobre todo el futuro”.
